Suely Araújo celebraba su cumpleaños el jueves de mayo en que conversó con Sur. La celebración, sin embargo, se vio empañada por las amargas noticias procedentes de Brasilia: la noche anterior, el Senado Federal había aprobado la Ley General de Licencias (Lei Geral do Licenciamento), considerada el mayor retroceso legislativo en materia medioambiental de la historia de Brasil. La expresidenta del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y actual coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima veía en la decisión algo más que un movimiento para proteger los intereses de la agroindustria —que, como explica en la siguiente entrevista, siempre ha dominado el poder legislativo—; la aprobación representaba el vaciamiento del proceso democrático que, según ella, se ha acelerado con el ascenso de la extrema derecha en el país.
No le falta conocimiento de causa: Araújo trabajó durante tres décadas en la consultoría legislativa del Congreso, redactando leyes y participando activamente en negociaciones complejas con parlamentarios de todo el espectro político. Más tarde, por invitación del exministro José Sarney Filho, asumió la presidencia del Ibama en el gobierno de Michel Temer. Con la elección de Jair Bolsonaro en 2018, se convirtió en una de las voces críticas más notorias sobre el desmantelamiento de las políticas medioambientales que su gobierno llevó a cabo.
En la siguiente conversación, Araújo comparte una valiosa perspectiva personal sobre los caminos de las políticas medioambientales y su intersección con la defensa de los derechos en un contexto marcado por el negacionismo. También defiende la profundización de los procesos democráticos, multilaterales y en red, sin los cuales, en su opinión, será más difícil defender a las personas y al planeta de las fuerzas que nos han llevado al borde del colapso. “La política”, afirma Aráujo, “presupone la negociación del contenido de los procesos de toma de decisiones, concesiones. Y tanto la agenda medioambiental como la de derechos humanos nunca estarán del lado más fuerte”.
Revista Sur • ¿Cuál es, en tu opinión, la relación entre la idea de justicia climática y la lucha contra la desigualdad y por la defensa de los derechos humanos? ¿En qué momento y por qué caminos pasó a ocupar el clima un lugar central en la agenda de los derechos?
Suely Araújo • La crisis climática y sus efectos son profundamente injustos entre los países, y también dentro de cada país. Países que han contribuido poco a la crisis climática sufren directamente sus efectos, como es el caso de las islas pequeñas, los países insulares y los países con mucha ocupación humana en la costa. Y, si miramos cuántas emisiones han generado estos países históricamente, no tiene sentido.
Lo mismo ocurre a nivel interno, dentro de cada país: todo el mundo sufre los efectos del cambio climático, incluso las grandes empresas, el todopoderoso sector agrícola, pero la población más desfavorecida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, no está en condiciones de hacer frente a estos impactos. Tras un desprendimiento de tierra, no tiene los medios para construir una nueva vivienda. Cuando la zona en la que vive pierde la disponibilidad de agua, no tiene medios para pescar o alimentarse, no tiene opciones para resolver ese problema. Quienes tienen más recursos pueden adaptarse de alguna manera. ¿Hace mucho calor? Compro un aire acondicionado. La población empobrecida no puede hacerlo; depende totalmente de la buena voluntad de los gobiernos.
En el caso brasileño, además, cuando se habla de la población más desfavorecida, hay componentes de raza y género muy marcados. La mayor parte de nuestra población de bajos ingresos es de origen negro, y hay una sobrerrepresentación de mujeres cabezas de familia. Por eso, siempre me gusta subrayar que la crisis climática tiene un componente racial y de género muy claro en el caso brasileño. Y, por eso, las políticas públicas en general, y la política climática en particular, deben tener claro estas características para poder ser eficaces.
Sur • Esta edición de Sur analiza los autoritarismos en el Sur Global y su relación con la agenda de defensa de los derechos humanos. En Brasil, tú has sido testigo de cerca del desmantelamiento sistémico de la política medioambiental durante los años de presidencia de Jair Bolsonaro. ¿Puedes contarnos cómo se produjo y cuáles fueron los momentos clave de ese proceso?
SA • El gobierno de Jair Bolsonaro es un caso entre otros que están ocurriendo y extendiéndose por todo el mundo. Por eso es importante hablar de ello. Voy a contar una anécdota muy personal: cuando Bolsonaro, aún en campaña electoral, se presentó como candidato, yo era presidenta del Ibama. Estábamos en un gobierno muy difícil, el de Michel Temer, en el que ya no me sentía precisamente cómoda, y tratábamos con mucho esfuerzo de controlar la deforestación en la Amazonia.
Durante la campaña electoral, el candidato Bolsonaro comenzó a lanzar ataques tan fuertes contra el Ibama que el personal de campo empezó a sufrir represalias, incluso en las comunidades y aldeas. Cuando publiqué en el periódico que estaba haciendo apología del crimen ambiental, comenzó para mí una lucha que continuó durante todo su gobierno. Me convertí en una especie de portavoz de la perspectiva socioambiental, que incluye la preocupación por los derechos de los indígenas, los quilombolas, de todas las comunidades que viven en la selva y las poblaciones “caiçaras”.
Y en el gobierno de Bolsonaro, me propuse alzar la voz de una manera que no es típica de mi personalidad. Trabajé en la Cámara de Diputados durante la mayor parte de mi vida profesional, redactando leyes para que los diputados las firmaran. Mi principal cualidad era precisamente no aparecer. En el gobierno de Bolsonaro, sin embargo, asumí la tarea de exponer lo que estaba sucediendo dentro del gobierno.
Durante el período en que estuve al frente del Ibama, logré (y me siento orgullosa de ello) establecer un fuerte vínculo con los funcionarios. Y a partir de esa conexión, comprendí lo que estaba sucediendo y comencé a denunciar los desmanes, los desmantelamientos, la implosión de la gobernanza ambiental y la gobernanza climática. Todos los órganos colegiados medioambientales quedaron paralizados o desaparecieron. La posibilidad de participación y representación de la población en las instancias decisorias desapareció.
Así, poco a poco, acabé asumiendo junto con otras personas el papel de denunciar el desmantelamiento de las políticas públicas y los derechos socioambientales. Fue una experiencia difícil y me sentí muy expuesta a las críticas, pero lo consideré como una especie de misión.
Hay problemas en el tercer gobierno de Lula, especialmente en áreas como la energía, pero no se puede comparar. El gobierno de Bolsonaro se caracterizó por un negacionismo no solo de la política medioambiental y los derechos socioambientales, sino también de los derechos de la ciudadanía. Fue muy duro presenciar lo que estaba sucediendo en el país, y sigue siendo muy duro imaginar que pueda haber un retorno a esa situación.
Sur • Nuestra conversación tiene lugar solo un día después de la aprobación por el Senado de la Ley General de Licencias Ambientales, también conocida como “ley de la devastación”.[1] “Senado aprova projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental”, Agência Senado, 21 de mayo de 2025, visitado el 11 de noviembre de 2025, https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2025/05/21/senado-aprova-projeto-da-lei-do-licenciamento-ambiental¿Cuál es el significado político de esta derrota para la protección del medio ambiente?
SA • El gobierno ha perdido y la perspectiva es que suframos un gran retroceso con la implosión de las normas de licencia medioambiental. Probablemente nos enfrentemos al peor retroceso desde la Ley de Política Nacional del Medio Ambiente de 1981, todavía en el final del régimen militar. Esa política fue redactada por tecnócratas, pero liderada por figuras como el profesor Paulo Nogueira Neto y otros especialistas en la materia. Por lo tanto, era una ley coherente desde el punto de vista medioambiental, y todos los ecologistas la respetaban. Era una ley avanzada que hizo obligatoria la concesión de licencias medioambientales en todo Brasil.
A partir de ella, se elaboraron la Política Nacional del Medio Ambiente y el Sistema Nacional del Medio Ambiente, aún con una mirada de arriba hacia abajo. A lo largo de estos años, se comenzaron a introducir poco a poco aspectos democráticos, y la cuestión social también ganó espacio. Ha habido, por lo tanto, un proceso de aprendizaje en las últimas décadas que puede verse bastante afectado por la aprobación de la nueva Ley General de Licencias Ambientales. Estas disposiciones establecen límites, prevén audiencias públicas, imponen la garantía de transparencia en los procesos de concesión de licencias e incorporan herramientas de participación popular. Por lo tanto, esta derrota en el Congreso tiene implicaciones en términos de democracia y derechos humanos.
Sur • La Ley General de Licencias Ambientales forma parte de un conjunto de leyes llamado el “paquete de la destrucción”, por lo que no se trata de un retroceso aislado.[2] “Novo Pacote da Destruição ameaça direitos socioambientais”, Observatorio del Clima, 6 de mayo de 2024, visitado el 11 de noviembre de 2025, https://www.oc.eco.br/novo-pacote-da-destruicao-ameaca-direitos-socioambientais ¿Cómo evalúas el papel del Congreso en las políticas medioambientales?
SA • Entré en el Congreso en febrero de 1991 y me quedé allí durante tres décadas. Mi alma es legislativa. En el Congreso Nacional nunca ha sido fácil lidiar con el centro, con el centro-derecha. Los ruralistas dominan el Congreso, probablemente desde la primera sesión de la historia, en el siglo XIX. Siempre han estado allí, y nunca ha sido fácil aprobar legislación medioambiental, pero se aprobaba.
Tenemos: la ley de la Política Nacional del Medio Ambiente, de finales del régimen militar; las leyes sobre delitos medioambientales; la Ley de la Mata Atlántica, que es muy rigurosa desde el punto de vista de la protección forestal; las leyes de gestión de bosques públicos; el Código Forestal, que fue un gran acuerdo con los ruralistas. Tenemos varios ejemplos, incluso de leyes elaboradas en colaboración con los ruralistas, como la Ley de Pago por Servicios Ambientales, en 2020, en pleno gobierno de Bolsonaro; o las leyes de la agenda marrón, como la Ley de Residuos Sólidos y el Estatuto de la Ciudad, que es una ley muy importante, controvertida, y que se fue construyendo durante más de una década de mucho esfuerzo y articulación entre los movimientos sociales y el sector empresarial. Hay un conjunto de normas importantes en este ámbito. Tardaban, pero las leyes fueron saliendo.
La extrema derecha es una novedad de los últimos años, en el contexto de los procesos políticos que llevaron a Bolsonaro al poder. Se podían contar con los dedos de la mano los miembros de la extrema derecha en el Congreso; ese no era el rostro del poder legislativo. Creo que lo que ha cambiado —y esa fue una de las razones por las que me jubilé y me fui a la sociedad civil— es que en el Congreso teníamos más espacios de debate sobre el contenido de las leyes, incluso con todas las diferencias internas. En las mesas de negociación, íbamos artículo por artículo debatiendo el contenido.
Lo que sentí, sobre todo después de la gestión del presidente Arthur Lira,[3] Arthur Lira es diputado federal por el estado de Alagoas y fue presidente de la Cámara de los Diputados de 2021 a 2025. es que el Congreso Nacional dejó de debatir y de hacer lo que está en el origen de la idea de parlamento, que es hablar, debatir, discutir. Ahora se trata de imponer: “yo puedo vencerte y mi texto es este”. Aparecen textos que no se sabe de dónde surgieron, que se entregan ya listos a los relatores. En lugar de pasar por las comisiones permanentes, se crean comisiones especiales y, tras un único informe, ese texto pasa directamente al pleno. La sociedad no tiene la oportunidad de leer lo que se está debatiendo.
La eliminación de este tipo de oportunidades, para mí, significa una pérdida de calidad de la democracia. Y las leyes que se están generando son cada vez más judicializadas. El mundo político está muy polarizado y estamos haciendo menos política. Estamos haciendo un juego de fuerzas y no política, porque la política presupone la negociación del contenido de los procesos decisorios, concesiones. Y tanto la agenda medioambiental como la agenda de derechos humanos nunca estarán del lado más fuerte.
Sur • ¿Cómo ha reaccionado el poder judicial en las ocasiones en que se le ha interpelado sobre cuestiones relacionadas con el clima? ¿Cómo ha reaccionado el Tribunal Supremo Federal ante las estrategias de litigio climático?
SA • Hacemos lo que se denomina litigación estratégica en red. El Observatorio del Clima litiga de forma sistemática y siempre en red con otras organizaciones que actúan en este campo. Hoy en día, estamos haciendo seguimiento de unas 35 acciones judiciales. Tenemos, por ejemplo, una acción que pretende la suspensión de la licencia previa para el asfaltado de la BR-319. Tenemos una acción de la época del gobierno de Bolsonaro que exige un Plan Climático coherente con las cifras del IPCC, que aún está en curso. Y tenemos iniciativas de apoyo a la ciudadanía, como la acción de la “pedalada climática”, impulsada por seis jóvenes activistas climáticos, cuatro de Engajamundo y dos de Fridays for Future. Y logramos que Brasil actualizara la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) a partir de una acción popular de los jóvenes.
Hay varias acciones exitosas relevantes en el Tribunal Supremo Federal en las que el Observatorio inició los debates, se encargó de la articulación con los partidos políticos y logró ganar. La Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 708, que trataba del Fondo Climático, y la Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão) 59, que trataba del Fondo Amazonia —que estaban paralizadas en el gobierno de Bolsonaro— exigían que el gobierno liberara esos recursos. Nosotros, junto con los partidos de la oposición en ese momento, obtuvimos un resultado de 10 a 1 a nuestro favor en pleno gobierno de Bolsonaro.
El Supremo tiene precedentes realmente importantes en términos de garantías socioambientales. La lista no es pequeña. No todas fueron resultado de acciones del Observatorio del Clima, pero estamos bien involucrados en este movimiento de actuación directa en la Corte, sobre todo en acciones que llamamos estructurales, que buscan suplir omisiones de políticas públicas, y acciones de litigación directa en colaboración con partidos políticos.
Creo que los litigios climáticos en el mundo y en Brasil han venido para quedarse. Hoy en día, la propia Fiscalía General de la Unión, cuando interpone demandas civiles para la reparación de daños ambientales, ya ha comenzado a incluir los daños climáticos; hoy en día es posible conocer las emisiones generadas en un caso de deforestación sancionado por el Ibama, por ejemplo, e incluir estos datos en las demandas. Es una evolución que no tiene vuelta atrás.
Sur • ¿Qué paralelismos identifica entre la experiencia brasileña durante los años de Bolsonaro y el deterioro de las políticas climáticas y medioambientales en otros países, también marcados por el avance de la extrema derecha? Comenzaste la entrevista hablando de esto y me gustaría que volvieras un poco sobre esa idea.
SA • La extrema derecha adopta, por regla general, una postura negacionista. No necesariamente respecto a la crisis climática en sí —hay personas en la administración presidencial de Estados Unidos y en el mundo académico que han escrito textos negando la crisis climática, lo cual es absurdo—, pero hoy en día este tipo de negacionismo se ha reducido y transformado. Hoy en día, los negacionistas preguntan: “¿Hasta qué punto influye el ser humano en todo esto?”. Estas personas niegan la relevancia de la crisis y dudan de lo que muestran los científicos de todo el mundo: que el mundo ha cambiado y que ya estamos viviendo la emergencia climática.
El IPCC, el Panel Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático, en su última serie de informes,[4] Organización de las Naciones Unidas, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), Sexto Informe de evaluación (AR6), 20 de mayo de 2023, visitado el 11 de noviembre de 2025, https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/ muestra información muy impactante sobre cómo está caracterizada la crisis climática. Y tras la finalización de la sexta serie de informes del IPCC, 2024 fue el año más caluroso jamás registrado en la historia. En 2024 ya superamos el nivel de aumento de 1,5 °C de temperatura con respecto a los niveles preindustriales, que sería el límite propuesto por el Acuerdo de París. Así que ya hemos superado lo que no podíamos superar hasta el fin de los tiempos. El mundo ya no será lo que era. Y punto. Y los gobiernos de extrema derecha lo niegan todo.
Todos ellos cuestionan, por ejemplo, las políticas basadas en la descarbonización y la transición energética. No estoy hablando de un gobierno de centro en Europa, sino de la extrema derecha. El gobierno de Trump es un gobierno que puede caracterizarse como negacionista en materia de política climática. Hay gobiernos de centro que están tomando medidas importantes, pero la extrema derecha lo niega todo y está desmantelando las estructuras de gobernanza de la política climática en sus respectivos países.
Nos encontramos en una crisis del multilateralismo global, pero el multilateralismo climático, en particular está en serios problemas. Hay varias Conferencias de las Partes (COP) sobre el clima en las que no hemos logrado producir documentos realmente relevantes, en los que los países se comprometan a reducir las emisiones y a financiar a los países más pobres en lo que respecta a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y estoy segura de que esa fuerza de la extrema derecha en varios gobiernos contribuye a ello.
Sur • ¿Cuál es el papel que le corresponde al Sur Global en la lucha por una transición justa, especialmente en el marco de la COP sobre el clima?
SA • El Sur Global tendría que reclamar con mucha firmeza el cumplimiento de las promesas que se han hecho, sobre todo en materia de financiación, que están lejos de ser cumplidas. Debería haber una unión muy fuerte en este sentido.
Brasil también debería actuar con más vigor en su papel de líder climático. El país siempre ha participado de manera destacada en las negociaciones internacionales, pero puede hacer más. Entre las grandes economías del mundo, somos el único país que estaría en condiciones de alcanzar la situación de carbono negativo antes de 2050 —no carbono cero, sino carbono negativo—. El Observatorio del Clima cree que Brasil puede lograrlo para 2045.
¿Cómo podría hacerlo? Alrededor del 46 % de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con el cambio en el uso del suelo, con la deforestación. Si controlamos la deforestación, reducimos las emisiones brasileñas en un porcentaje enorme. La segunda mayor fuente de emisiones es la agricultura, que representa el 28 % de las emisiones. ¿Es posible criar ganado sin emitir metano? No, pero se pueden reducir las emisiones con una ganadería racionalizada, que no consista simplemente en dejar al animal en el pasto para señalar la propiedad, que es lo que ocurre en gran parte del país.
Así, más del 70 % de las emisiones brasileñas provienen del área rural. En la mayor parte de los países, el problema central es la energía. Afortunadamente, Brasil no depende del carbón mineral, que solo representa el 1,2 % de la matriz energética. Tenemos condiciones privilegiadas, con una base eléctrica esencialmente sostenible.
A pesar de todos los graves problemas sociales y medioambientales que plantean las centrales hidroeléctricas, es innegable que contribuyen a reducir las emisiones. El problema ha sido la forma en que se implantaron: expulsando a comunidades, deforestando y perjudicando a pueblos indígenas. Estos errores han deslegitimado esta fuente renovable, hasta el punto de que hoy en día es prácticamente imposible construir otra hidroeléctrica como Belo Monte.
Actualmente, el 13,2 % de la matriz eléctrica brasileña es eólica, también marcada por conflictos sociales. El país, tan rico en potencial eólico, solar y de biomasa, ha repetido modelos erróneos que comprometen fuentes que podrían ser una verdadera riqueza. Pocos países tienen una matriz eléctrica más del 90 % renovable, y aun así la estamos poniendo en peligro. Todavía hay tiempo para hacer las cosas de otra manera. Brasil debería apostar por este camino, en lugar de expandir la producción de petróleo.
Sur • En este sentido, te has mostrado firmemente en contra de la prospección petrolera en la desembocadura del río Amazonas. ¿Por qué, en tu opinión, este proyecto no debería seguir adelante?
SA • Para mí, esta es la principal incoherencia del actual gobierno de Lula: la propuesta de ampliar la producción de petróleo y gas. No tiene sentido. Se trata de un gobierno que, en teoría, quiere ser líder en la lucha contra el cambio climático. Pero no se puede ser líder climático y querer ser el cuarto mayor productor de petróleo del mundo. Brasil ya es un megaproductor, es el octavo mayor productor de petróleo del mundo, con 3 400 000 barriles al día, y quiere convertirse en el cuarto mayor, compitiendo con Arabia Saudí, en una época en la que el mundo entero debería estar abandonando los combustibles fósiles.
Brasil se ha subido a la ola de “soy más pobre, tengo derecho a producir petróleo”, lo que va a conducir a una situación trágica. Y este debate sobre los combustibles fósiles en el mundo tiene mucho que ver con los derechos humanos, porque la decisión de ampliar la producción y el uso de combustibles fósiles en plena crisis climática va a provocar un aumento descontrolado de la temperatura y una intensificación aún mayor de los fenómenos extremos. No vamos a eliminar el uso del petróleo de la noche a la mañana, pero tenemos que tener un cronograma para estas cosas. Todos nosotros, el mundo entero.
La cuestión no es el bloque 59.[5] El bloque 59 es una zona de exploración petrolera situada en la cuenca Foz do Amazonas, en el norte de Brasil. Tras un proceso de concesión de licencias que duró más de diez años, en octubre de 2025, el Ibama concedió a Petrobras la autorización para perforar un pozo en ese lugar y realizar trabajos de prospección. El bloque 59 es una compuerta que quieren abrir para facilitar las próximas concesiones en la región. Eso es todo. El gobierno está abriendo varias fronteras exploratorias de petróleo en plena crisis climática, y eso es muy cuestionable.
Brasil no necesita petróleo para su demanda interna. Ya exportamos la mitad de lo que se produce aquí. Si gestionamos las áreas que ya explotan petróleo en el país, nuestra demanda interna estará cubierta durante muchos años. El objetivo es exportar. Pero el petróleo exportado se quemará en algún lugar y contribuirá al agravamiento de la crisis climática, aunque no se contabilice en nuestra NDC, porque lo que se exporta no cuenta.
La Agencia Internacional de Energía ya ha pronosticado que la demanda mundial de petróleo comenzará a descender en 2030. Eso es mañana. Queremos convertirnos en un megaproductor de petróleo justo cuando el mercado está a punto de empezar a caer. Hay petróleo que tendrá que permanecer enterrado. Se trata de un debate importante: el petróleo genera dinero, pero no justicia social. La pregunta principal es: ¿quién se beneficia de todo ese dinero? Tenemos zonas en el país que explotan el petróleo desde hace mucho tiempo y que no tienen, necesariamente, buenos indicadores sociales. Hay un municipio en Río de Janeiro llamado Maricá, por ejemplo, que recibe miles de millones en regalías al año y donde la recogida de aguas residuales no llega al 40 % —por no hablar del tratamiento de las aguas—.[6] Según el Censo 2022 del IBGE, el porcentaje de personas en hogares con alcantarillado sanitario en red general, pluvial o fosa conectada a la red en el municipio de Maricá (Río de Janeiro) es del 33,7 %. Según la plataforma InfoRoyalties de la Universidad Candido Mendes, el municipio recibió 2690 millones de reales en regalías por la explotación de petróleo en 2024.
Es necesario desmitificar esa fantasía que ha creado el dinero del petróleo. El propio bloque 59, que influyó en la votación sobre la licencia medioambiental, solo generará regalías dentro de una década. No disponemos de una década para garantizar recursos a la población de Amapá y Pará. Tenemos que mejorar las condiciones de vida ahora. Los plazos del petróleo no coinciden con lo que las autoridades están prometiendo.
Sur • El Acuerdo de París cumple 10 años en 2025. Hace mucho tiempo que escuchamos que ya no hay tiempo que perder. Para el Observatorio del Clima, que representa a casi un centenar de organizaciones brasileñas, ¿cuáles deben ser las prioridades en la lucha por la implementación del Acuerdo?
SA • El Observatorio del Clima cree que, si las negociaciones multilaterales tienen problemas, sin ellas la situación será mucho peor. Y será mucho peor si se adoptan estructuras de decisión menos democráticas. Tiene que haber una forma de recuperar la legitimidad de las negociaciones multilaterales. Se ha insistido mucho en que un país por sí solo, incluso si preside la conferencia (como es el caso de Brasil en la COP 30), no puede determinar la agenda. La agenda tiene una lógica internacional. Las negociaciones sobre financiación en la última COP 29 no fueron bien; los países del Sur Global hablaban de billones, y se consiguió mucho menos que eso, y no se sabe muy bien si realmente va a llegar algo.
La financiación tendrá que completarse de alguna manera, porque los resultados fueron muy pobres en la última reunión. Y la adaptación siempre ha sido un subtema; la mitigación es lo que siempre ha estado al frente del debate. Pero con el agravamiento de la crisis climática, la adaptación ha ganado terreno. Tenemos que tener ambas cosas, pero la adaptación, aunque prevista en los primeros artículos del Acuerdo de París, siempre ha sido un tema secundario. Y teníamos que conseguir establecer algo en términos del calendario para el abandono de los combustibles fósiles. Tal y como van las cosas, esto va a ser difícil, pero debería ser una de las prioridades de la diplomacia brasileña.[7] Nota de los editores: la entrevista con Suely Araújo fue realizada en mayo de 2025, antes de la celebración de la COP 30 en Belén, Brasil.
Sur • ¿Cuál es su valoración sobre los mecanismos de mercado como los créditos de carbono y, por otro lado, cómo estas estrategias conviven con las políticas de mitigación y adaptación en el Sur Global?
SA • El mercado de carbono es una de las herramientas posibles, pero nunca será la solución para todos los males. Puede ser importante para algunos sectores industriales, si se regula bien —en mayúsculas—, pero nunca resolverá los problemas climáticos en su conjunto, entre otras cosas porque ninguna herramienta de política pública o climática resolverá la crisis por sí sola. Y es necesario tener un mercado que se centre en la reducción de emisiones, no solo en la compensación: “yo protejo más, tú contaminas más, hacemos un trato”. Entre países o internamente en cada país, no importa.
Los mercados de carbono deben centrarse en la reducción de emisiones, y el gobierno debe establecer límites que conduzcan a esa reducción. El objetivo de un sistema de mercado regulado debería ser —cuando todo estuviera bien en términos de emisiones— su propia extinción. Pero no es así como la mayoría de los agentes interpretan la situación. Para mí, es una herramienta posible, si se aplica correctamente y con la mirada puesta en la descarbonización. Esa es mi posición personal y siempre lo ha sido.
El mercado voluntario, ese me da miedo. Y me da miedo porque las poblaciones, las comunidades de los territorios están siendo explotadas, acosadas. El mercado voluntario, en el caso brasileño, debería tener, como mínimo, un sistema de registro, un sistema de exposición de datos en el que se pudiera controlar lo que está sucediendo. Hay innumerables denuncias de problemas con las comunidades, de empresas que llegan, compran tierras, arriendan tierras, para intentar negociar en el mercado voluntario. Es una falta total de control por parte del Estado. Nadie sabe lo que está ocurriendo, y me preocupa mucho el daño que estos agentes pueden causar a los indígenas, los quilombolas, las comunidades que viven en la selva en general e incluso a las pequeñas comunidades urbanas.
Sur • Siguiendo con el tema de la adaptación a la emergencia climática, ¿crees que las políticas y los mecanismos existentes tienen en cuenta los diferentes impactos según la raza y el género? ¿Cuáles deberían ser las prioridades en este ámbito?
SA • No disponemos de recursos para la adaptación en el caso brasileño, y la mayoría de los países tampoco los tienen. Iniciamos este proceso mucho más con la mitigación —que es muy importante, como ya he comentado—, pero tenemos que contar con políticas de adaptación más claras. En el caso brasileño, el gobierno está elaborando el Plan Clima, tanto para la mitigación como para la adaptación. El plan de adaptación se encuentra en una fase más avanzada, pero en el borrador de la Estrategia Nacional de Adaptación, el texto dice básicamente: “no tenemos dinero para nada de esto”. Incluso hemos preguntado a través del Observatorio del Clima: “Si no hay dinero, ¿qué piensa hacer el gobierno para conseguirlo?”. Porque no estamos hablando necesariamente de presupuesto público, puede haber incluso dinero privado, pero el gobierno tiene que decir de dónde va a salir.
El gobierno consiguió aumentar considerablemente los fondos destinados al clima, principalmente por iniciativa del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, con el plan Transformación Ecológica, mediante bonos soberanos sostenibles. Se trata de dinero captado en el mercado con la emisión de bonos, por lo que hay que devolvérselo a quien está invirtiendo. Es dinero oneroso, que debe ser prestado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). ¿Tú crees que el ayuntamiento de un pequeño municipio que se enfrenta a inundaciones cada año, o que sufre sequías cada año, tiene capacidad de endeudamiento para obtener un préstamo del BNDES o de otro banco público con ese dinero del Fondo Climático? No la tiene.
El gobierno necesita crear fuentes de recursos a fondo perdido, dinero no reembolsable. Lo que hay, en estos términos, para el clima es tan poco que ni siquiera vale la pena considerarlo. La parte no reembolsable del Fondo Climático no llega ni a 10 millones de reales en 2025, y el fondo tiene 20 000 millones de reales. Hay que encontrar la manera de conseguir dinero a fondo perdido. En materia de adaptación, esto es fundamental. De lo contrario, las comunidades que realmente lo necesitan, que se encuentran en zonas de riesgo, las más pobres, con más dificultades para hacer frente a todo esto, no serán atendidas. Por eso hemos defendido la creación de un Fondo Nacional de Adaptación y que sea extrapresupuestario.
Sur • ¿Cuáles son los aprendizajes y las estrategias para la reconstrucción de las políticas medioambientales en Brasil desde la perspectiva de la sociedad civil?
SA • Cada vez valoro más la producción en red y el trabajo en red. El Observatorio del Clima representa a 133 organizaciones, pero nuestros procesos internos son siempre colectivos. Un buen ejemplo es el informe Futuro de la energía. Elaboramos este documento a lo largo de un año con la participación de 23 organizaciones que trabajan en el ámbito de la energía. Examinamos cada fuente, mostrando lo que estaba haciendo el gobierno y lo que, en nuestra opinión, se debía hacer. Fue una publicación realizada por muchas manos desde la redacción. Es increíble, pero funcionó y es un buen ejemplo de la importancia de la actuación en red.
Y creo que esta actuación en red se extiende a la cuestión de la articulación, por ejemplo, en América Latina, en la región panamazónica o en los países que tienen selvas tropicales, que se enfrentan al mismo tipo de problemas que Brasil. Países como Indonesia, donde la deforestación también es la principal causa de las emisiones, o la República Democrática del Congo. Y esto incluye las redes de la sociedad civil. Tenemos redes especializadas en la lucha contra los combustibles fósiles, como la Red de Acción Climática (CAN, por su sigla en inglés), que es la principal red internacional dedicada a las negociaciones sobre el clima. El fortalecimiento de estas redes y la interacción entre ellas son, en mi opinión, el camino para que la sociedad civil tenga realmente poder de influencia.
Quienes trabajan en el ámbito del clima siempre reciben información alarmante. Recibimos datos sobre desastres de todo tipo, sobre cómo está aumentando la temperatura, cómo está aumentando el uso de combustibles fósiles en plena emergencia climática. Y eso da miedo. Pero creo que todos los que tienen este tipo de información deben utilizar esta realidad para comprender la importancia de no quedarse quietos, la importancia de actuar por la mejora de las condiciones ambientales, por la garantía de los derechos socioambientales y de las comunidades. Utilizarla para luchar por la justicia ambiental y la justicia climática. Todo este desastre debe tomarse como base para trabajar, para mejorar. No podemos rendirnos ni aceptar el discurso negacionista de la extrema derecha y de las petroleras.
