Personas defensoras a juicio
Hossam Bahgat, periodista y fundador y actual director de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, por su sigla en inglés), ya ha sido testigo de cinco causas penales contra su organización, sus colegas y él mismo. En la causa más reciente, iniciada en enero de 2025, Bahgat ha sido acusado de difundir información falsa y financiar actividades terroristas con la intención de amenazar la seguridad nacional, una acusación que podría acarrearle la pena de muerte o la cadena perpetua.
En febrero de 2025, solo unas semanas después de ser interrogado durante cuatro horas por una declaración pública sobre las condiciones carcelarias en Egipto, Bahgat habló con Sur sobre lo que él describe como una “campaña de exterminio” del espacio de derechos civiles y humanos llevada a cabo por el gobierno de Abdel Fattah Al Sisi. Hace un llamamiento a la sociedad civil para que rechace el “modo de supervivencia” psicológico impuesto por la represión e insiste en la necesidad de seguir siendo relevantes, expresar públicamente lo que ocurre y permanecer arraigados en la resistencia popular.
Bahgat ofreció una visión general completa de los retos y estrategias de resistencia de la sociedad civil en Egipto un ecosistema que él mismo ayudó a configurar cuando fundó el EIPR en 2002, durante su último año de estudios en Ciencias Políticas. En aquel momento, el movimiento de derechos humanos en Egipto se enfocaba principalmente en la esfera pública y en cuestiones relacionadas con la democracia y la violencia política. El EIPR decidió centrar su trabajo en la esfera personal, que había sido muy descuidada: la privacidad, la sexualidad, los derechos reproductivos, la salud y la integridad del cuerpo, y la libertad de elegir, practicar y cambiar de religión o creencias. Sin embargo, a medida que la situación política del país empeoraba y nacía un movimiento incipiente que reclamaba una reforma política, fue exigiendo gradualmente que este mandato se ampliara para incluir libertades civiles como la libertad de asociación, de reunión y de expresión, los derechos de la mujer en general (más allá de los derechos sexuales y reproductivos), la reforma de la justicia penal y los derechos económicos y sociales.
Tras una pausa de siete años, durante la cual volvió al periodismo, Bahgat retomó el liderazgo de la organización en 2021, en un momento especialmente difícil para la defensa de los derechos en el país —un reto al que sigue enfrentándose con resiliencia, humildad y perspectiva—. “Todos los días, mi correo electrónico contiene noticias desgarradoras sobre personas defensoras del medio ambiente asesinadas en América Latina, sobre periodistas siendo asesinados, sobre compañeras/os activistas condenadas/os a penas de prisión… Miro a Palestina y me da vergüenza quejarme.”
Revista Sur • Actualmente te enfrentas a cargos penales. ¿Podrías describir la naturaleza de estas acusaciones?
Hossam Bahgat • Fui director de EIPR durante los primeros diez años. Dimití en 2013 para volver al periodismo durante siete años, pero luego me vi obligado a regresar para dirigir EIPR en diciembre de 2020 debido a la represión del gobierno contra nuestra organización. El interrogatorio que me hizo la Fiscalía de Seguridad del Estado en enero de 2025 fue básicamente el quinto ataque contra nuestra organización desde 2011.
En 2011, el nuevo régimen militar que sustituyó a [Muhammad Hosni] Mubarak11. Hosni Mubarak fue presidente de Egipto desde 1981 hasta 2011, cuando dimitió tras las protestas masivas y entregó el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Mubarak falleció en 2020 debido a complicaciones de salud, después de enfrentarse a múltiples procesos judiciales y pasar más de tres años en prisión. Finalmente, fue absuelto de todos los cargos antes de su muerte. en el poder inició una gran investigación penal sobre lo que fue conocido como “el caso de la financiación extranjera”, donde la mayoría de las organizaciones independientes de derechos humanos del país y sus líderes fueron investigadas/os penalmente por recibir financiación extranjera para socavar la seguridad nacional, como castigo por el papel que habían desempeñado en el período previo a la revolución y durante la llamada transición. La investigación se prolongó durante 13 años y, en 2016, como parte de la misma, se me impuso una prohibición de viajar y se congelaron mis activos personales y mi cuenta bancaria durante ocho años. El caso se acabó cerrando hace poco más de un año, en marzo de 2024, cuando las autoridades judiciales designadas para llevar a cabo la investigación concluyeron que no había pruebas suficientes para iniciar un proceso penal.
A este primer ataque le siguieron otros, incluso después de que yo dejara EIPR entre 2013 y 2020. Luego, en noviembre de 2020, tres personas de nuestra dirección fueron detenidas en sus domicilios en la peor represión contra una organización de derechos humanos hasta el momento, y fue orientada específicamente contra EIPR. Primero, el director administrativo, después, el director de justicia penal y, por último, nuestro director ejecutivo, que me había sucedido al frente de la organización. Campañas nacionales e internacionales lograron su liberación unas semanas más tarde, pero siguen bajo prohibición de viajar y sus bienes personales y cuentas bancarias llevan cinco años congelados.
En 2021, poco después de volver a dirigir la organización, fui procesado —y por primera vez enviado a juicio— acusado de insultar a la Comisión Electoral Nacional, pues había criticado la gestión de las elecciones parlamentarias de 2020 en Twitter. Afortunadamente, solo me condenaron a pagar una multa, aunque el cargo implicaba la posibilidad de penas de prisión. Fue mi primera y única condena, lo que, sin embargo, significa que ahora tengo antecedentes penales.
Entonces, un año después, en 2023, nuestro investigador Patrick Zaki fue condenado por un tribunal de seguridad de emergencia del Estado a tres años de prisión por difundir información falsa debido a un artículo que había escrito sobre los derechos de los cristianos en Egipto.22. Patrick Zaki era un investigador sobre género y derechos humanos en el EIPR y fue detenido en el aeropuerto de El Cairo en febrero de 2020, tras regresar de un periodo de estudios en el extranjero. Se le acusó, entre otras cosas, de unirse a una organización terrorista y difundir noticias falsas tras la publicación de un artículo sobre su experiencia como cristiano copto. Pasó 22 meses detenido antes de ser juzgado. En 2023, fue condenado a tres años de prisión, pero recibió un indulto al día siguiente del veredicto.
Y, por último, tenemos este nuevo y, en gran medida, el más grave de estos cinco episodios de persecución. En enero de 2025, fui citado a comparecer ante la Fiscalía de Seguridad del Estado, la parte más notoria de nuestro sistema judicial, conocida por perseguir, procesar y detener a decenas de miles de personas presas políticas, defensoras/es de los derechos humanos, periodistas, abogadas/os o simplemente a la ciudadanía de a pie por expresar opiniones discrepantes. Fui detenido inmediatamente nada más llegar, y luego interrogado durante cuatro horas sobre los métodos de trabajo y los objetivos del EIPR y, después, sobre una declaración en particular que habíamos emitido, en la que exigíamos una investigación sobre las denuncias de una huelga de personas privadas de libertad en una prisión estatal concreta, protestando contra la prisión preventiva indefinida por acusaciones políticas y el empeoramiento de las condiciones de detención.
Me pusieron en libertad bajo fianza, pero luego me acusaron formalmente de dar asistencia y financiar el terrorismo y difundir información falsa en el extranjero con el propósito de socavar la seguridad nacional. La acusación de financiar una organización terrorista no especificada, en particular, es grave por dos razones: en primer lugar, fue introducida en una ley antiterrorista33. “La nueva ley antiterrorista: otro golpe a la Constitución que fomenta las ejecuciones extrajudiciales”, Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo e Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, (Cairo Institute for Human Rights Studies and Egyptian Initiative for Personal Rights), agosto de 2015, visitado el 27 de julio de 2025, https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_new_counterterrorism_law.pdf. promulgada en 2015 bajo el mandato del presidente [Abdul Fatah Khalil] Al Sisi, un año después de su elección en 2014, y conlleva la pena de muerte, que puede conmutarse por cadena perpetua; en segundo lugar, la acusación califica el trabajo y las publicaciones de nuestra organización de derechos humanos como una forma de financiación de actividades terroristas.
Esta disposición, introducida en la ley antiterrorista de 2015, tiene un alcance muy amplio y deliberadamente vago que define la financiación como cualquier cosa, desde armas y dinero hasta información y declaraciones, directa o indirectamente, de forma material o inmaterial, o literalmente a través de cualquier otro medio. La forma en que está redactado el artículo significa que, básicamente, el simple hecho de realizar labores de derechos humanos o publicar informes sobre derechos humanos puede ahora calificarse como una forma de financiación de actividades terroristas y castigarse con cadena perpetua o la pena de muerte.
En este momento, estoy esperando a que la fiscalía decida cuándo remitirme a juicio, que probablemente será ante un tribunal antiterrorista. Y por tanto, debido al opaco sistema de justicia penal bajo el mandato de Al Sisi, y especialmente en los casos de terrorismo, esto puede ocurrir mañana, o dentro de 13 años, o simplemente pueden decidir retirar los cargos, y no hay nada que podamos hacer para controlarlo.
Sur • ¿Cuál es el trasfondo de este caso? ¿Cómo empezó todo?
HB • Como quizá recuerdan, Mubarak fue derrocado tras 18 días de protestas en 2011. En ese momento, Al Sisi era director de Inteligencia Militar y miembro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y se convirtió en el gobernante de facto de Egipto hasta 2012. Al Sisi quedó profundamente afectado por esa experiencia y también por el hecho de que se había alistado en el ejército durante la escuela secundaria.
En otras palabras, Sisi no tenía experiencia en la vida civil ni en la actividad política. Sentía un profundo desprecio por los civiles y por el proceso democrático, y una intolerancia extrema hacia cualquier forma de crítica, que ve como una falta de respeto a su autoridad. Irónicamente, también es una persona muy conservadora en lo social y lo religioso, aunque accedió a la presidencia en 2013 tras derrocar a la Hermandad Musulmana, supuestamente para salvar a Egipto del dominio islamista.
Sin embargo, se convirtió en el líder de uno de los regímenes más conservadores de nuestro país, si se tiene en cuenta el aumento sin precedentes de los procesamientos de ciudadanos por sus opiniones religiosas, el número de detenciones mediante trampas puestas por los policías de hombres homosexuales y mujeres trans, o el procesamiento de mujeres por delitos contra la moralidad debido al contenido para redes sociales que producen.
La Hermandad Musulmana, electa en julio de 2012, permaneció un año en el poder, durante el cual logró alienar a la mayoría de los sectores de la sociedad, allanando el camino para que el ejército interviniera con el pretexto de salvar al país del creciente autoritarismo islamista. Lo que ocurrió tras el golpe de Estado no fueron solo las peores masacres de manifestantes de nuestra historia, sino también una destrucción muy cuidadosa, deliberada y sistémica de todas las fuerzas civiles y políticas que contribuyeron a la revolución de 2011. Comenzó primero con una severa represión contra los islamistas y sus simpatizantes, y luego se extendió para atacar a los grupos de izquierda y liberales y a las organizaciones juveniles, y destruir el espacio cívico.
Para ponerlo en contexto, Egipto siempre ha sido un Estado autoritario, con un espacio cívico controlado y un historial problemático en materia de derechos humanos, con muchas áreas de preocupación, algunas de las cuales eran sistémicas. Sin embargo, Al Sisi añadió nuevas características que son distintas de cualquiera de los regímenes anteriores desde la creación de la República en la década de 1950.
La primera característica es que hizo que Egipto pasara de ser un Estado autoritario a convertirse en uno de los países con peor historial en materia de derechos humanos a nivel mundial. Esta no es una afirmación emocional. Si se analiza cualquier clasificación mundial sobre cualquier aspecto de los derechos humanos en los últimos años, se observará que, por primera vez, Egipto se encuentra entre los diez, los cinco o los tres países que más violan ese criterio, y en ocasiones ocupa el primer puesto.
Esto es nuevo. Antes no era así. Esto se puede medir, por ejemplo, en términos del mayor número de periodistas encarcelados, el mayor número de condenas a muerte dictadas cada año. Si se consulta la encuesta mundial de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte del año pasado, se verá que Egipto ocupa el segundo lugar en el mundo, solo por detrás de China. Si se tiene en cuenta el número de ejecuciones reales al año, el número de sitios web bloqueados, la población de presos políticos, las muertes en prisión, la clasificación mundial en materia de Estado de derecho, transparencia, libertad de los medios de comunicación, en cualquiera de estos aspectos, se verá que Egipto ocupa las peores posiciones entre los más de 190 países del mundo.
Lo segundo que hizo Sisi fue transformar Egipto, que antes era un lugar con un espacio cívico controlado bajo un régimen autoritario, al destripar completamente el espacio cívico, ya que el país, incluso bajo el autoritarismo, siempre había tenido una sociedad vibrante con focos de resistencia, como los llamamos. Reprimió el movimiento estudiantil, las protestas y los movimientos sociales, los sindicatos, los medios de comunicación, los partidos políticos y el movimiento feminista, entre otros.
Como es lógico, nos tocó el turno a la comunidad de derechos humanos. Persiguió a cada uno de esos grupos y destruyó sistemáticamente cualquier espacio disponible donde pudiéramos operar. Por lo que luchamos en este contexto es realmente por la supervivencia, porque después de diez años en el poder, solo quedan unas pocas voces de resistencia dentro del país.
La mayoría de los medios de comunicación han sido clausurados, se han trasladado al extranjero o han sido literalmente comprados por las agencias de seguridad. Básicamente, tenemos quizás dos sitios web de noticias independientes que operan desde dentro de Egipto, ambos bloqueados por las autoridades de forma ilegal. Por lo tanto, publican en las redes sociales o en sitios espejo.
Cuando dejé EIPR en 2013, había unas 30 organizaciones independientes de derechos humanos operando en Egipto. Cuando regresé en 2020, solo quedaban cuatro o cinco organizaciones en Egipto, con muchas otras marchándose al exilio, cerrando o reduciendo significativamente sus actividades. Este es el contexto.
Sur • ¿Qué formas de intimidación o acoso has sufrido a lo largo de este proceso?
HB • Empieza con procesos penales y acoso judicial, haciendo uso de las leyes antiterroristas y contra la libertad de expresión; luego, hay una ola de legislación severamente restrictiva y punitiva. Es el arsenal de nueva legislación extremadamente represiva que ha dictado este régimen, además de la ley antiterrorista, como la ley de delitos informáticos, una ley de ONG, una ley contra las protestas, una ley de regulación de los medios de comunicación y una ley de protección de datos.
La herramienta más importante y principal de gobernanza de este régimen es la encarcelación. No solo ha aumentado el número de prisioneros políticos y prisioneros de conciencia hasta niveles sin precedentes, sino que también hay instaurada una cultura del miedo por la cual la gente sabe que puede ser detenida sin infringir ninguna ley y que una vez detenidos, no hay proceso debido, ni defensa penal ni un poder judicial independiente que ponga fin a su detención. Lo más grave es que no hay nada que la gente pueda hacer para evitar un encarcelamiento masivo como este.
Hay una red muy amplia que atrapa a docenas de víctimas cada día, si no a cientos. También hay campañas de desprestigio que acusan a cualquier disidente, y especialmente a los activistas de derechos humanos, de ser agentes de Occidente, miembros de la Hermandad Musulmana o simplemente antipatriotas.
Por último, nos cortan el oxígeno negándonos cualquier acceso a los medios de comunicación públicos o privados, utilizando prohibiciones de viaje para aislarnos del mundo exterior, de la comunidad internacional y de las redes de solidaridad, y aplicando congelaciones de activos para castigarnos también económicamente. Ni que decir tiene que a lo largo de los años se han producido numerosos casos de encarcelamiento de defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas; muchos siguen en prisión en estos momentos.
Sur • ¿Cómo has vivido esta situación? ¿Cuál ha sido el momento más difícil y por qué?
HB • Bueno, ciertamente no ha sido fácil. Hay un impacto grave en la salud mental por ser objeto de ataques constantes, pero también por este estado permanente de vulnerabilidad, sabiendo que cualquier día puedes ser objeto de ataques y que no hay reglas de juego.
La prohibición de viajar y la congelación de activos que sufrí durante ocho años obviamente tuvieron un impacto profesional, financiero y psicológico en mí, no solo aislándome del mundo, sino también descarrilando mi carrera durante la mayor parte de los últimos 10 años. También ha afectado a mi madre, que vive en constante temor por mi seguridad y mi libertad. La prohibición de viajar se levantó hace menos de un año. Y ahora, con este nuevo caso, cada vez que voy al aeropuerto, me pregunto si se emitirá contra mí una nueva prohibición de viajar, cuánto durará y si alguna vez se levantará de nuevo.
También ha tenido un impacto, como he descrito, en el movimiento. La comunidad de organizaciones de derechos humanos dentro del país se ha reducido significativamente a lo largo de los años. Esto ha empujado a nuestra organización —y al movimiento en general— a un modo de supervivencia, en el que, en lugar de ampliar nuestros servicios o aumentar nuestro impacto, tenemos que luchar constantemente solo por mantenernos vivos y también para encontrar herramientas de activismo en un país en el que todas las herramientas tradicionales —el poder judicial, el parlamento, los medios de comunicación y los movimientos sociales— se han visto tan golpeadas como nosotros.
Sur • ¿Qué estrategias personales, políticas y legales has empleado para abordar esta situación?
HB • A nivel personal, durante mi prohibición de viajar, la herramienta más útil, además de la terapia y las amistades, ha sido realmente luchar como si esta situación nunca fuera a cambiar. Me ayudó una vez que decidí que no iba a vivir esperando a que se levantara la prohibición de viajar o a que se retiraran los cargos. Opté, en cambio, por asumir que esta es mi vida ahora y encontrar la manera de vivirla plenamente: disfrutando de mis amistades, siendo productivo profesionalmente, desarrollando mis habilidades y manteniéndome relevante y comprometido, incluso si me enfrento a una posible prisión o a restricciones de viaje.
La segunda estrategia fue utilizar la única herramienta que tengo: mi voz. Si ya estoy siendo perseguido, eso significa que estoy en una posición en la que tengo menos que perder que otros que aún no lo están. Por lo tanto, utilizo mi voz públicamente, a nivel internacional, en las redes sociales y en cualquier medio de comunicación independiente que hable conmigo, con el fin de contrarrestar la narrativa del régimen y denunciar sus prácticas abusivas. Lo hice tanto como periodista de investigación como, más recientemente, después de volver para dirigir mi organización.
Y la tercera es negarme a permanecer encerrado en un modo de supervivencia psicológica. Me inspiré en los movimientos de países que sufrieron dictaduras militares, incluido el suyo, Brasil, y dije: no, el papel de un movimiento de derechos humanos no es esperar a que pase la tormenta, sino trabajar para ayudar a que pase más rápido, protegiendo al mismo tiempo al mayor número posible de personas durante la misma.
Lo que he intentado hacer durante los últimos cinco años, desde que volví al EIPR, es alejarnos del modo de supervivencia y pasar al modo de relevancia. Digo relevancia porque no es realista aspirar a tener un impacto en este momento, pero al menos podemos estar implicados en la lucha, permanecer conectados e innovar constantemente con nuevas herramientas e ideas para el activismo, en ausencia de canales tradicionales como los litigios, la defensa de políticas, los medios de comunicación convencionales o las protestas públicas.
Sur • ¿Qué papel ha desempeñado la solidaridad a lo largo de este proceso? ¿Qué tipos de apoyo han sido los más importantes para ti?
HB • Ha habido mucha solidaridad dentro de Egipto porque, básicamente, todo el mundo es una víctima potencial o conoce a alguna víctima de esta larga ola actual de represión. La solidaridad global también fue crucial, por supuesto. Mencioné antes el episodio en el que nuestros tres directores fueron detenidos en noviembre y diciembre de 2020, y el hecho de que fueran liberados se debe en gran medida a una campaña de solidaridad y protesta global sin precedentes en casi todos los rincones del mundo, que envió un mensaje claro al gobierno egipcio de que este caso podría ser una fuente de dolores de cabeza, problemas y costes, lo que provocó su liberación.
Siempre bromeo diciendo que el COVID ha sido muy bueno para nosotros. Es una broma de mal gusto, por supuesto, porque ha costado muchas vidas y ha causado mucho sufrimiento. Pero en lo que respecta a nuestra desconexión del mundo exterior, esos años de COVID realmente impulsaron todo lo relacionado a internet y animaron a la gente a invertir en la participación a distancia, lo que ayudó a disminuir nuestro aislamiento del mundo. Tenemos que pensar en las personas que no pueden viajar, no solo por las restrictivas prohibiciones de viaje, sino también por lo caro que puede resultar viajar, o en las personas con una situación familiar que les impide estar allí. Es nuestro deber colectivo asegurarnos de que las personas estén presentes, aunque no puedan estar físicamente en la sala.
Sur • ¿Cuál es el estado actual de los cargos que se te imputan?
HB • Actualmente hay dos casos de seguridad del Estado en fase de investigación, que podrían ser remitidos a juicio en cualquier momento. Mi caso más reciente, que comenzó en enero de 2025, y el caso contra mis tres colegas, que se remonta a diciembre de 2020. Ellos desde entonces están sujetos a una prohibición de viajar y a la congelación de sus activos.
El caso de mi colega Patrick Zaki, que fue condenado a tres años, fue parte de un indulto en 2023 y, por lo tanto, está cerrado. Como se ha mencionado, el gran caso de financiación extranjera se cerró tras una investigación de 13 años. Por último, en cuanto a mi propia condena por insultar a la comisión electoral, pagué la multa, apelé y perdí la apelación. El caso está cerrado, pero ahora tengo antecedentes penales, lo que tiene algunos efectos menores pero molestos en mi vida.
La situación general es que Sisi promulgó una ley sobre las ONG en 2019 que básicamente declara ilegal cualquier entidad que se dedique al trabajo cívico o al desarrollo si no se registra bajo esta nueva y altamente represiva ley.
Tradicionalmente, el movimiento de derechos humanos —que este año cumple 40 años, desde 1985— ha logrado encontrar formas alternativas de organización y de registro, ya sea porque no se le permitía registrarse como una ONG o para evitar las leyes represivas sobre las ONG que otorgan a los organismos de seguridad amplios poderes para interferir y controlar el trabajo de las organizaciones. Así, los grupos se registraban como servicios jurídicos, clínicas médicas, editoriales o centros de investigación. En nuestro caso, estamos registrados como una empresa de consultoría que se dedica a la investigación y ofrece servicios de consultoría y formación.
Ahora vivimos con el temor constante de que el gobierno decida aplicar estas nuevas disposiciones para declararnos ilegales (lo que supondría nuestra disolución inmediata y sanciones) u obligarnos a registrarnos bajo esta nueva legislación. Esta es la situación en la que nos encontramos actualmente.
Sur • ¿Qué terminología utilizarías para caracterizar esta forma específica de violencia política?
HB • En lo que respecta a la situación general, intento diferenciar entre autoritarismo, autocracia y autocracia militar. Para describir Egipto, utilizo el término “autocracia militar”. Hay lugares más severos en los que realmente podemos hablar de regímenes militares totalitarios. Como en Siria, por ejemplo, bajo el mandato de Bashar [al-Assad].
En lo que respecta a nuestra propia situación, también intento diferenciar… Hay países en los que podemos describir acoso judicial o restricciones del espacio cívico. Hay casos más graves en los que podemos hablar de represión o represión sistémica. Y luego hay otras situaciones, como en Egipto, que solo podemos describir como un intento de exterminio.
Porque el objetivo no es mantenernos controlados o sometidos a ataques. El objetivo final es acabar por completo con el activismo en favor de los derechos humanos o expulsar todo el movimiento al extranjero. Como vemos en lugares como la India y Egipto, existe un esfuerzo por exterminar cualquier presencia de derechos humanos en el país.
Ahora vivimos bajo un frágil alto el fuego en el que nuestra existencia es, en el mejor de los casos, tolerada, con acoso habitual y actos de represalia y bajo duras restricciones. Pero sabemos que esta tregua tácita podría romperse en cualquier momento.
Sur • ¿Cómo se relaciona esto con el estado de la democracia en su país?
HB • Hoy en día es un poco confuso. Si miramos a Estados Unidos, vemos a un candidato de un partido político importante que presentó un programa electoral y, basándose en él, fue elegido por mayoría popular y pasó a llevar a cabo su programa electoral y a cumplir sus promesas electorales con el apoyo, en gran medida, del Parlamento y del poder judicial.
La gente habla de ello como si fuera un golpe de Estado, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Es una deficiencia del sistema democrático que tenemos, pero también es la voluntad popular, al menos de la mayoría de la población. Esto es algo que también hemos vivido en Egipto.
A diferencia de Brasil, Argentina y Estados Unidos, donde se ha experimentado un cierto grado de democracia y ahora se está experimentando un retroceso, Egipto nunca fue realmente un país democrático. Pero teníamos la promesa de la democracia tras la revolución de 2011.
Al igual que en Estados Unidos y en otros lugares, tenemos que asumir la responsabilidad de la situación de derrota en la que nos encontramos ahora mismo, porque parte de la élite, parte del movimiento progresista y las fuerzas democráticas apoyaron a los militares para salvar al país de la derecha religiosa.
Vemos cómo ocurre esto en un país como Túnez, donde un golpe constitucional liderado por el presidente recibió el apoyo de organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos laicos, y ahora están pagando el precio, al igual que nosotros en este momento. Esto es algo de lo que debemos responsabilizarnos, así como intentar contrarrestar, volviendo a las raíces y a lo básico, que es un tema que se debatió ampliamente durante el coloquio de Conectas en noviembre de 2024. En los últimos años, nos hemos permitido convertirnos en expertos tecnocráticos y lobistas gubernamentales, a veces abogados. Pero, en realidad, tenemos que volver a ser militantes —militantes y organizadores de base, democráticos y radicales, que se organizan sobre el terreno—. Esto puede requerir un cambio en nuestra mentalidad o personas y organizaciones con un ADN diferente al que tenemos ahora.
Sur • ¿Cómo se han posicionado las diferentes instituciones estatales con respecto a esta situación? ¿Se puede confiar en alguna institución estatal en este momento?
HB • Por desgracia, ya no. Antes de Sisi, incluso bajo un régimen autoritario y dentro del espacio restringido y el acoso ocasional, todavía podíamos contar con algunos jueces independientes, cierta vigilancia judicial y una minoría vocal de miembros de la oposición en el Parlamento. Dependíamos de los medios de comunicación independientes para difundir nuestras opiniones. Incluso hicimos algo de incidencia política gubernamental con ciertos ministerios.
Bajo Sisi, ya no existe realmente nada de esto. El poder judicial, en particular, ha sido completamente cooptado por el régimen. Amplios sectores del poder judicial se ofrecieron voluntarios para convertirse en partidarios del régimen, nuevamente debido al trauma que sufrieron durante el año de administración de la Hermandad Musulmana, que los persiguió o intentó frenar su influencia.
Pero los jueces independientes han sido destituidos o transferidos a una función no judicial, o intimidados de manera significativa para que guarden silencio. Tenemos casi 600 miembros en el Parlamento. Ni uno solo de ellos se identifica como opositor, porque eso se ha convertido casi en una palabrota. Actualmente no se imprime en el país ni un solo periódico opositor, y el 90 % de los medios de comunicación privados solo lo son en el nombre, porque han sido comprados por empresas propiedad de los servicios de inteligencia y los ministerios del gobierno. Estamos completamente bloqueados en nuestros esfuerzos por llevar a cabo actividades de defensa a través de ellos.
Todavía creemos en los medios de comunicación, en la estrategia del movimiento Occupy, en la que intentamos estar presentes, hacernos oír y ocupar todos los espacios disponibles. Cuando se organizó la COP27 en Egipto en 2022, estuvimos presentes. Ocupamos ese espacio. Cuando el gobierno convocó un diálogo nacional sobre cuestiones políticas, incluidos los derechos humanos, acudimos, participamos, hablamos y presentamos nuestros puntos de vista. Intentamos aprovechar realmente cualquier espacio disponible para defender no solo nuestra presencia, sino, en principio, el hecho de que el activismo en favor de los derechos humanos debe desarrollarse dentro de los países y sobre el terreno, y nos negamos a callarnos o a exiliarnos.
Sur • ¿Cómo han respondido las redes y organismos internacionales, y qué impacto ha tenido esta reacción internacional en la evolución de tu caso?
HB • Hemos logrado movilizar y hemos recibido mucha solidaridad y apoyo. Desde que se levantó mi prohibición de viajar el año pasado, he estado invirtiendo tiempo en reconectar con estos espacios, redes y coaliciones, pero también en reanudar nuestro trabajo de defensa internacional en Ginebra y Bruselas, así como los contactos con instituciones internacionales y financieras.
Obviamente, desde el genocidio que comenzó en Gaza en 2023, se ha reflexionado mucho sobre estas alianzas, sobre lo que realmente debemos hacer para abordar esta situación, con una nueva perspectiva acerca del activismo global, y especialmente del activismo del Sur Global, y sobre cierto grado de responsabilidad por parte de aquellos cuya postura ante el genocidio ha sido decepcionante o directamente deplorable. Esto ha beneficiado e impulsado algunos espacios internacionales, en los que se está reflexionando mucho sobre el significado de las estructuras y las reuniones globales, pero también ha provocado, lamentablemente, rupturas en alianzas y en amistades.
Sur • ¿Cómo se compara su experiencia con la de otros defensores de derechos humanos en el Sur Global?
HB • A pesar de todo lo que estoy pasando, que te he descrito, sigo sintiéndome afortunado. Quiero decir, puedo pasar el fin de semana en El Cairo, en casa con mi perro, y puedo hablar contigo… Todos los días, mi correo electrónico me trae noticias desgarradoras sobre personas defensoras del medio ambiente asesinadas en América Latina, sobre periodistas asesinadas/os, sobre compañeras/os activistas condenadas/os a largas penas de prisión. Sobre casos de tortura…
Y miro a países como la India, donde hay un presidente muy poderoso que ha conseguido acabar con casi todas las organizaciones de derechos humanos en un país tan grande sin que ninguna de las potencias occidentales, que quieren tener a Modi cerca y necesitan a la India para contrarrestar a China, haya manifestado ni una sola vez su preocupación o crítica.
Y miro a Palestina, y me avergüenza quejarme. ¿Cómo puede alguien quejarse? Cuando veo el número de periodistas, el número de activistas, incluso el número de personal de las Naciones Unidas que ha sido asesinado durante los últimos años. Me siento abrumado por las experiencias de otras personas defensoras de los derechos humanos. Me da un poco de vergüenza quejarme, pero también me siento muy inspirado por ellas.
