Los retos para garantizar los derechos indígenas y medioambientales en Brasil
El conservadurismo en Brasil no puede analizarse al margen de las dinámicas económicas que perpetúan la lógica de la dependencia del país de sus relaciones comerciales con el resto del mundo. No es la causa, sino su producto, ya que actúa como el proceso que naturaliza la acumulación por expolio, operando como herramienta ideológica para legitimar la violencia y la supresión de derechos. Este mecanismo se traduce, en la realidad indígena y ambiental, en la expropiación territorial en beneficio del agronegocio, la minería y sectores asociados, al mismo tiempo que margina las formas tradicionales de relacionarse con la tierra.
La valorización del capital requiere de un soporte simbólico que justifique su expansión, para así naturalizar el imperativo de la violencia que contribuye a profundizar la concentración de la riqueza y la precariedad social, convirtiendo los derechos territoriales, humanos y ambientales en obstáculos a un supuesto progreso, acelerando la crisis climática y erosionando las bases de la justicia socioambiental.
El avance del conservadurismo en Brasil trasciende la mera disputa política y se enraíza en un modelo económico que perpetúa la posición subordinada del país en el orden centro-periferia, donde la explotación intensiva de los recursos naturales y la mercantilización de los territorios constituyen los cimientos de su reproducción. La acumulación por expolio emerge como el engranaje principal de la expansión de la frontera económica, posibilitando la expropiación de territorios indígenas y áreas preservadas en beneficio del agronegocio, la minería y las grandes empresas, lo que margina sistemas tradicionales de relación con el medio ambiente.
En esta dinámica, el conservadurismo actúa como instrumento de reafirmación de las estructuras de poder, desacreditando los derechos colectivos y sacralizando la propiedad privada, que, de modo similar al proceso histórico de formación del Estado brasileño, se consolida por la imposición de la barbarie. Este movimiento se traduce en la erosión de los marcos regulatorios ambientales, en el ataque y la criminalización de la resistencia indígena y la deslegitimación de formas alternativas de organización socioeconómica, profundizando la desprotección territorial y ampliando las desigualdades históricas.
La tendencia de acumulación reproducida por el marco institucional neoliberal requiere de un soporte simbólico que justifique su expansión irrestricta, proyectando sobre cualquier obstáculo institucional remanente la urgencia de una oposición de sesgo reaccionario, a fin de autorizar respuestas disruptivas en nombre del llamado progreso, basándose en una lógica que preserva poderes y reprime a sectores del cuerpo social. Así, los mecanismos jurídicos e institucionales que garantizan los derechos territoriales y medioambientales pasan a ser resignificados como expresiones de un autoritarismo estatal incompatible con la libertad de mercado; el aparato regulador, al limitar relativamente la explotación de los recursos naturales y reconocer los derechos territoriales ―especialmente los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales―, pasa a ser descalificado en la retórica reaccionaria que pretende legitimar la erosión de los logros históricos con el pretexto del progreso, la eficacia económica y la seguridad jurídica, ampliando los horizontes en los que puede extenderse el capital.
Los marcos institucionales que configuran el actual ambiente de desarrollo económico de Brasil se delinearon a finales del siglo XX. Este proceso fue parte de una reestructuración productiva a escala global, impulsada por la crisis sistémica del capitalismo que, bajo la dirección imperialista, intentó incesantemente recuperar las tasas de acumulación, imponiendo a la periferia la consolidación de la dinámica neoliberal.11. Elton Rafael Lorena, “Neoliberalismo, reestruturação produtiva e novos imperativos do capital no contexto urbano”, Revista Aurora 6, no. 2 (2013): p. 7-18, visitado el 15 de mayo de 2025, https://doi.org/10.36311/1982-8004.2013.v6n2.3051. Esto creó las condiciones para la estabilización momentánea del sistema, ya que la devaluación de los bienes de capital y de la fuerza de trabajo existente en la periferia facilitó que esos mismos bienes devaluados fueran vendidos y reciclados con lucro en el circuito de circulación del capital por el capital sobreacumulado.22. David Harvey, O novo imperialismo, 2a ed. (São Paulo: Edições Loyola, 2025), visitado el 19 de marzo de 2025, https://gpect.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/david-harvey-o-novo-imperialismo.pdf.
Tanto en Brasil como en otros Estados nacionales periféricos, esto implica reestructuraciones económicas que atienden al imperativo de acumular capital de bajo valor agregado, posibilitando la transferencia de riqueza hacia el Norte Global, ya sea por medio de relaciones económicas basadas en (des)ventajas comparativas, o a través de los mecanismos del propio marco institucional neoliberal, que permiten la inserción o ampliación de capital extranjero en la economía y en los intereses nacionales, limitando la capacidad de respuesta soberana en la defensa del capital doméstico.
El proceso histórico y los más recientes movimientos geopolíticos ponen en el horizonte brasileño un escenario de refuerzo de la tendencia de acumulación enfocada en la reprimarización. Por un lado, el Puerto de Chancay, situado al norte de Lima, refleja la magnitud de las infraestructuras financiadas por China en América Latina, y forma parte del proyecto conocido como Belt and Road o “Cinturón y Ruta”; la acogida de la nueva ruta para el transporte de la producción brasileña de bajo valor añadido tiende a justificarse por la conveniencia de reducir el tiempo y los costes del transporte de mercancías. Por otro lado, el reciente Acuerdo Mercosur-Unión Europea,33. En agosto de 2025, el Acuerdo seguía pendiente de ratificación. celebrado por Brasil,44. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, “Acordo de Parceria Mercosul-União Europeia”, última modificación en diciembre de 2024, visitado el 22 de marzo de 2025, https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/dezembro/acordo-de-parceria-mercosul-uniao-europeia. ilustra cómo la dinámica centro-periferia del sistema lleva a acentuar las desventajas comparativas de Brasil en sus relaciones comerciales con el resto del mundo, profundizando la presión estructural para abrir nuevos frentes de explotación económica y depredación de los biomas preservados.
Es bien cierto que Brasil ha realizado algunos esfuerzos para establecer una nueva matriz de desarrollo industrial, como por ejemplo la Nueva Industria Brasil (NIB),55. Ministério das Comunicações do Brasil, “Governo Federal lança Nova Indústria Brasil”, publicado el 22 de enero de 2024, visitado el 20 de marzo de 2025, https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2024/janeiro/governo-federal-lanca-nova-industria-brasil. para la cual se anticipa una inversión pública prevista y proyectada de proporciones modestas66. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil, “NIB completa 1 ano com R$ 3,4 trilhões de investimentos e crescimento industrial”, publicado el 12 de febrero de 2025, visitado el 21 de marzo de 2025, https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2025/fevereiro/nib-completa-1-ano-com-r-3-4-trilhoes-de-investimentos-e-crescimento-industrial. en relación al desafío de frenar la tendencia a la acumulación primaria y cambiar el grado de regresión industrial observado en los últimos 50 años.
La tendencia se ocupa de colocar a Brasil en una posición subordinada en la División Internacional del Trabajo, haciendo que la dependencia económica y la especialización en actividades de bajo valor añadido sigan siendo características centrales de la economía nacional, anunciando consecuencias sociales y ambientales que no requiere mucho esfuerzo prever.
El Centro-Oeste y la región amazónica, debido a la forma en que se ha dirigido la concentración de la riqueza en el país, se han convertido en potenciales nuevos ejes dinámicos de la economía nacional, lo que conlleva un desarrollo cuya lógica de reproducción del capital tiende a ejercer una enorme presión sobre territorios que no están insertados en las relaciones de mercado. Este proceso amenaza con destruir el porcentaje de cobertura vegetal aún existente, alimentando la crisis climática.
Además de eso, en el sector primario, la productividad depende de la expansión territorial ―y el progreso no se ve mitigado por las limitadas ganancias que se derivan de la mejora de la tecnología―, hasta el punto de que, por ejemplo, en la agroindustria, la reproducción de la dinámica productiva se ve limitada por factores biológicos, mientras que la demanda del mercado exterior de productos con escaso valor añadido induce al capital a ampliar los márgenes de beneficio a partir del volumen de producción. Los actores responsables de la concentración de tierras amplían el proceso de expropiación, ya sea a través de la fuerza física o de la violencia institucional, utilizando organizaciones paramilitares y movilizando el aparato represivo del Estado contra las poblaciones afectadas, mientras al mismo tiempo flexibilizan los derechos históricos y proporcionan una justificación ideológica por medio del conservadurismo.
Las tierras indígenas y el medio ambiente pueden analizarse en términos de excedentes de capital ocioso que no tienen salidas lucrativas ―al menos no a través del imperativo económico destructivo descrito― dado su destino y, en el caso de las tierras indígenas, dadas las múltiples formas de relación que estos pueblos mantienen con los territorios. La acumulación por expolio libera el conjunto de activos, consustanciados en las áreas mencionadas, para que el capital sobreacumulado pueda tomar posesión de estos activos y darles inmediatamente un uso lucrativo.77. David Harvey, O novo imperialismo. De este modo, la apropiación de tierras ―o la flexibilización de los derechos para permitir la explotación de estas áreas― contribuye a inyectar en el sistema materias primas baratas, cuyo valor añadido ya es irrisorio en términos comparativos, de modo que los costes de los insumos o de los propios medios de producción se reducen y los lucros son elevados.88. David Harvey, O novo imperialismo.
En otras palabras, la acumulación puede ocurrir incluso ante el estancamiento de la demanda real, siempre que se produzca una reducción significativa de los costes de los insumos. Esta dinámica implica que los territorios no capitalistas deben ser obligados no sólo a abrirse al comercio, sino también a permitir que el capital invierta en empresas locales, utilizando fuerza de trabajo o materias primas a precios asequibles o inexistentes.99. David Harvey, O novo imperialismo.
En la miríada de factores que contribuyen al proceso de concentración de tierras en Brasil, el conservadurismo emerge como naturalizador de este imperativo económico porque, al resignificar la violencia, hace que el arbitrio represente un mecanismo legítimamente sometido al progreso, invirtiendo de modo retórico y estético la imagen de agresores y víctimas. De este modo, la expropiación territorial, la persecución y el asesinato de minorías, así como la mercantilización de los bienes comunes, dejan de ser expuestos como cuestiones centrales inherentes al fenómeno económico, mientras que el debate público es moldeado por la propia estructura a través de la dimensión moral. En este camino, la resistencia indígena se presenta como un obstáculo para el desarrollo, mientras que los acaparadores de tierras, mineros y terratenientes son presentados como empresarios agraviados, supuestamente sofocados por excesivas regulaciones y “demandas intransigentes” de los pueblos indígenas, enmascarando las relaciones de poder que sostienen la apropiación violenta de territorios.
El movimiento real de la tendencia de acumulación implica la construcción de posibilidades institucionales para la profundización de la mecánica, independientemente de que, por ejemplo, la concentración de la tierra ya esté operando cotidianamente por medio de la ilegalidad y la violencia estructural. La institucionalidad, a su vez, dependiendo del contexto histórico, por presión de sectores reaccionarios o por la voluntariedad resultante de la convergencia de intereses económicos, suprime la ilegalidad para eliminar las barreras que constriñen las fronteras de apropiación y reproducción del capital. Esto explica la paradójica destrucción actual de los derechos constitucionales y existenciales de los pueblos indígenas llevada a cabo por la institucionalidad que se supone deben protegerlos.
Un ejemplo emblemático es la promulgación de la Ley 14.701/2023 (Ley de Genocidio Indígena) por el Congreso Nacional, cuya flagrante inconstitucionalidad de la tesis y materias que transmite fue reconocida por la Corte Suprema en la sentencia del Recurso Extraordinario 1.017.365/SC. Sin embargo, a pesar de haber tenido la oportunidad de reafirmar la posición del Supremo Tribunal Federal durante el juicio de las acciones de control concentrado bajo su supervisión, el juez Gilmar Mendes optó por una decisión conjunta en la Acción Declarativa de Constitucionalidad 87, las Acciones Directas de Inconstitucionalidad 7.582, 7.583 y 7.586, y la Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión 86, descartando la posibilidad de un posicionamiento asertivo al afirmar que “los métodos autocompositivos ya no pueden considerarse alternativos”, que es necesaria una “nueva mirada y procedimentalización de los conflictos entre los poderes del Estado” y que “para sentarse a la mesa hace falta voluntad política y disposición a reabrir los flancos de la negociación”.1010. Supremo Tribunal Federal, Brasil, “Recurso Extraordinário 1017365 - Santa Catarina”, 27 de junio de 2024, visitado el 19 de marzo 2025, https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=778214029&prcID=6824370. En la práctica, se abrió el camino para negociar los derechos indígenas fundamentales.
La conversión de los derechos fundamentales en meros objetos de negociación política refleja un proceso más amplio de corrosión de la legalidad democrática en el que el Estado no sólo no hace nada frente a la violencia, sino que la legitima mediante ajustes institucionales que favorecen la acumulación. La retórica de la conciliación, empleada bajo el pretexto de la resolución de conflictos, camufla la asimetría estructural entre los agentes involucrados, permitiendo que los intereses económicos avancen sobre los derechos históricamente conquistados, convirtiendo la norma jurídica en un instrumento de desposesión.
Por otro lado, la inserción de las Tierras Indígenas en la lógica depredadora de negocios nacionales e internacionales ―como la minería, la extracción de oro y la ganadería― supone un retroceso medioambiental de proporciones alarmantes. La intensificación de estas actividades fomenta la deforestación, provoca la destrucción de la fauna y promueve la contaminación de las fuentes de agua, catalizando exponencialmente las emisiones de gases de efecto invernadero y socavando los compromisos climáticos asumidos por Brasil en la escena internacional. En particular, pone en peligro el cumplimiento de las directrices establecidas por el Acuerdo de París, ya que la urgencia de mitigar el cambio climático choca frontalmente con la expansión de prácticas que degradan los ecosistemas y perpetúan la destrucción de territorios ancestrales.1111. Nota Técnica sobre a Ação Declaratória de Constitucionalidade 87/DF, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 2 de mayo de 2024, visitado el 18 de marzo de 2025. https://apiboficial.org/files/2024/05/Nota_T%C3%A9cnica_sobre_a_A%C3%A7%C3%A3o_Declarat%C3%B3ria_de_Constitucionalidade.pdf.
En el contexto descrito, el conservadurismo actúa a la vez como mecanismo de reproducción de las desigualdades estructurales y como fuerza motriz del debilitamiento institucional, resignificando las disposiciones de protección social y ambiental como obstáculos al imperativo económico. Bajo la presión de los reaccionarios ―pero también bajo la retórica de la modernización, la garantía de la libre empresa con seguridad jurídica y, más perversamente aún, bajo el pretexto de proteger a las poblaciones indígenas―, incluso la Corte Suprema, que debería contener los avances depredadores de las mayorías parlamentarias y los intereses económicos sobre los derechos existenciales indígenas, se convierte en un actor clave de la reconfiguración normativa que convierte al Estado guardián de los derechos fundamentales en mediador de los intereses del capital.
Al flexibilizar las regulaciones ambientales y debilitar los derechos fundamentales bajo la justificación del crecimiento económico, el conservadurismo, a través de su sesgo simbólico, y las determinaciones económicas, de forma tangible, contribuyen activamente al colapso climático, agravando los efectos de la emergencia ambiental que ya afecta a millones de personas en todo el mundo. El ataque a los derechos territoriales indígenas y a la protección del medio ambiente no sólo amenaza la estabilidad ecológica necesaria para mitigar los impactos del cambio climático, sino que también revela el papel del Estado en la perpetuación de un orden que privilegia la acumulación sobre la preservación de la vida y la justicia intergeneracional.
La crisis climática a la que nos enfrentamos es inseparable de las dinámicas económicas y sociales que perpetúan la acumulación mediante el expolio de los territorios indígenas. La expansión desenfrenada del agronegocio, la minería y otras iniciativas económicas, legitimadas por el conservadurismo neoliberal, no sólo agrava los desequilibrios ambientales, sino que amenaza directamente las formas de vida y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.
La preservación de los territorios indígenas y el reconocimiento de sus derechos son esenciales para combatir la emergencia climática mundial. Diversos estudios han demostrado que las zonas bajo gestión indígena son las mejor preservadas y más eficientes en términos medioambientales, desempeñando un papel fundamental en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y conservación de la biodiversidad.
Por lo tanto, es necesario superar las narrativas conservadoras que convierten los derechos fundamentales en obstáculos económicos. Sólo con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto incondicional de los derechos indígenas y la defensa del medio ambiente será posible revertir el avance de la crisis climática. Este camino requiere una profunda transformación del modelo económico, abandonando las prácticas depredadoras y garantizando que los pueblos indígenas sean reconocidos no como obstáculos, sino como guardianes esenciales en la lucha por la justicia socioambiental y la sostenibilidad planetaria.
